IMPUNIDAD CRIMINAL.

El asalto a varios automovilistas detenidos por un embotellamiento, en un sitio próximo a un peaje de la ruta Panamericana, ha sido otra demostración palpable de que la criminalidad hoy en la Argentina no tiene límites. Constituye una perversa osadía que torna falaces los dichos de las autoridades que, ocultando la verdad o exhibiendo falso optimismo, no se cansan de pregonar la disminución de las tasas delictivas y se ofenden con quienes se atreven a contradecirlos. Paralelamente, a los robos a ancianos y vecinos de muchos barrios de la Capital Federal, se suman los producidos en los countries, transformados en moneda corriente en las últimas semanas y a los que nadie parece ponerles freno. Al punto que, según las propias autoridades bonaerenses, en lo que va del año, el número de delitos denunciados en barrios privados ya equivale al de todo 2006. Al parecer nada detiene a quienes han hecho del delito su medio de vida. Es probable que la impunidad con que se movilizan cuando llevan a cabo sus bárbaros atropellos los haya ensoberbecido, ya que no los inquieta la posibilidad de ser sorprendidos por las fuerzas policiales y de seguridad. Preocupan también a la ciudadanía toda, como ya hemos denunciado en anteriores oportunidades, las fallas en el sistema judicial y de procedimientos, que las más de las veces permiten que los malhechores ingresen por una puerta a la comisaría y salgan inmediatamente por otra, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de quienes los denuncian y de las mismas fuerzas policiales cuyo accionar es relativizado por esta circunstancia. Volviendo al espectacular asalto producido en la autopista Panamericana, provoca escalofríos el mero relato de los detalles de esta modalidad inédita o poco menos. El congestionamiento propio del regreso a Buenos Aires los domingos al caer la tarde taponó el tránsito a unos trescientos metros, más o menos, del peaje de la localidad bonaerense de Pablo Nogués, que se encontraba con las barreras levantadas, y a similar distancia del empalme de los ramales a Pilar y a Campana. Ese fue el momento en que una cantidad indeterminada de individuos -según testimonios superaba el número de diez-, esgrimiendo armas de fuego y armas blancas, saltó el guardarrail que separa las manos de ida y de venida, y se dedicó a desvalijar a los autos estacionados en el carril izquierdo de la ruta. Por lo menos once vehículos que no lograron evadirse girando a la derecha fueron asaltados por esos energúmenos. Hubo por lo menos un pedido de auxilio al 911, pero cuando el patrullero arribó al lugar no encontró señales del ataque perpetrado. Como frente a muchos otros episodios delictivos, nadie denunció policialmente el hecho, tal vez en la convicción de que hacerlo sólo implicaría una estéril pérdida de tiempo. Sólo dos de los presuntos damnificados lo comentaron en declaraciones radiales y en cartas de lectores en este diario. El ministro bonaerense de seguridad, León Arslanián, ordenó una investigación de oficio. Difícilmente se aclare el hecho, que caerá en el olvido hasta que, como es previsible, se repita. Más allá de cualquier análisis, cabe preguntarse de qué seguridad hablamos si esta obligación indelegable e inexcusable del Estado es socavada por una banda como la aquí citada, que puede burlarse de quienes deberían estar siempre alertas para disuadir y prevenir, precisamente, este y otro tipo de delitos. Estos episodios preñados de violencia y saña, a cargo de personas que en muchos casos se encuentran alcoholizadas o drogadas, provocan una profunda sensación de vejación y desamparo en quienes deben padecerlos en carne propia o vivirlos muy de cerca, a través de las experiencias de conocidos, amigos y familiares. Y menos tranquilidad aún provocan las recientes declaraciones del gobernador bonaerense, Felipe Solá, en el sentido de que habría una intencionalidad política detrás de los robos en los countries (de los cuales sólo se denuncia una parte). Porque si, efectivamente, hubiese algún sector político tratando de promover golpes espectaculares para imponer el tema de la inseguridad en la agenda de un año electoral, la policía debería dar con los responsables rápidamente. Cosa que no sucede. Más de una vez se ha señalado en que el acoso propio de tan angustiante
percepción de desprotección podría llegar a inducir al inadmisible y anárquico
recurso de la autodefensa o de la justicia por mano propia, de imprevisibles
consecuencias.
Todo ello podría ser evitado si en esta materia, como en tantas otras, las autoridades Nacionales y Provinciales produjesen hechos concretos y no tan sólo frases vacuas, que hoy ya no convencen a nadie.-